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RISARALDA, Colombia - Solany Zapata es una mujer embera nacida en el municipio de Marsella, Risaralda, ubicado al centro occidente de Colombia. La primera vez que escuchó de la mutilación genital femenina fue cuando dio a luz a su primera hija; su suegra le dijo que debía cortarle el clítoris a la recién nacida. Pero Solany, quien nunca recibió esa enseñanza por parte de su madre o abuela, quienes también pertenecen al pueblo embera, se resistió a realizarle la práctica a su hija recién nacida.

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En el pueblo embera, la mutilación genital femenina o “curación”, es parte de una tradición, que se transmite de generación en generación.

El embera es uno de los pueblos indígenas con mayor presencia en Colombia, con una población de alrededor de 250 mil personas, que habitan 16 departamentos de las zonas centro y occidente del país. Se encuentran, además, en Panamá y Ecuador.

Además de la violencia de los grupos armados, las mujeres embera – el 49% de la comunidad - han padecido la falta de acceso a servicios de salud y educación, así como el desconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, lo cual se convierte en escenario propicio para la reproducción de las violencias de género y las prácticas culturales nocivas.

En el 2007 una noticia impactó a Colombia: en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, dos niñas indígenas embera murieron por infecciones a causa de la mutilación genital femenina, que atenta contra los derechos y la vida de millones de niñas y mujeres en el mundo.

Desde entonces, las autoridades embera de Colombia, sus parteras y sus mujeres, han emprendido un camino de reflexión y transformación cultural para erradicar esta práctica, con apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA.

Propiciando reflexiones sobre una práctica riesgosa

El camino que Solany emprendió como lideresa inició en el 2007 III Congreso del Pueblo Embera Chamí y Katío de Risaralda, cuando las mujeres alzaron su voz y reclamaron la oportunidad de liderar sus temas dentro de la organización indígena: “No queremos que los hombres sigan liderando el tema de mujeres, hay mujeres capacitadas que se le pueden medir a eso”, recuerda Solany.

Frente a esta solicitud, los líderes del  Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) respondieron que si las mujeres querían y estaban en la capacidad de encabezar la línea de mujeres, entonces podrían seleccionar y postular quien asumiría el cargo.  Para algunas mujeres no era posible liderar espacios dentro de la organización indígena sin el “permiso” de sus maridos, pero Solany, que en ese momento de su vida estaba separada del padre de sus hijas, no requirió autorización alguna.

Y es entonces cuando Solany empieza a trabajar en la transformación de la mutilación genital femenina, una práctica secreta realizada solo con conocimiento de las mujeres, que Solany sabe que afecta la salud y la vida de las niñas de su comunidad.

Este tema, además, sirvió de puerta de entrada para abordar otros asuntos de crucial importancia para las mujeres, como el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, la prevención de la violencia de género y sexual, y en general, el mejoramiento del “status” de la mujer indígena dentro de la comunidad con miras a lograr mayor participación en las decisiones que les afectan -un trabajo en el que el UNFPA asesoró, acompañó y fortaleció desde su experticia técnica en el tema de género y derechos sexuales y reproductivos, las capacidades de las mujeres indígenas que lideraron este proceso.

De puerta en puerta, inició en el camino de diálogo con las mujeres y parteras de las comunidades de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató en el 2008. “Al principio fue difícil”, dice Solany, “nadie quería hablar del tema”, pero poco a poco las mujeres y parteras ahondaron en una reflexión sobre su cuerpo y la relación que tiene con la cultura de su pueblo, lo que permitió no solo reconocer la mutilación genital femenina como una práctica riesgosa, sino entender las distintas formas de violencias que afectan a las mujeres. 

Esta reflexión inició con el reconocimiento del derecho que tienen las mujeres indígenas sobre su cuerpo y sexualidad, su autonomía, su entorno, su cultura y el papel que desarrollan en sus comunidades, empoderándolas para ejercicios de participación y de toma de decisiones relacionadas con la garantía de sus derechos sexules y reproductivos y de su derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencias.

Desde el 2008, el UNFPA, de la mano con los hospitales de Pueblo Rico y Mistrató, del ​Instituto Colombiano de Bienestar Familia, ICBF, y de organizaciones indígenas ha desarrollado acciones de detección temprana y reporte de casos de mutilación genital femenina, y ha donado kits de parto limpio a las parteras para mejorar condiciones de atención al parto en las comunidades.

La población indígena insiste en fortalecer las acciones y procesos que mantengan vigente su cultura, por eso las niñas y niños son educados en la lengua indígena de su pueblo, pero también se permiten abrir espacios a la cultura occidental para la construcción e intercambio colectivo de saberes que hagan viable la participación ciudadana y la exigencia de sus derechos con un enfoque diferencial.

Elevando el tema a un asunto de diálogo político

El UNFPA ha realizado una labor intensa de abogacía política con las autoridades tanto estatales como indígenas para que la erradicación de la mutilación genital femenina se priorice dentro de las agendas políticas y los programas nacionales y locales.

En el 2009, gracias al compromiso de las autoridades indígenas de Risaralda, de sus hombres y sus mujeres líderes y de las comunidades, el Consejo Regional Indígena declaró públicamente la suspensión de la práctica en el departamento. Esta decisión tuvo eco en la Cumbre de autoridades del Estado, indígenas y no indígenas, realizada en Bogotá el 5 de octubre de 2012, donde todos los pueblos indígenas representados allí, de distintas etnias y naciones, también se comprometieron a la defensa del derecho de las mujeres indígenas a vivir libres de violencias y prácticas nocivas bajo la consigna de que “la cultura debe generar vida, no muerte”.

Así, la mutilación genital femenina, de ser un tema invisible, privado y secreto, ha ganado en Colombia el respaldo de la máxima autoridad indígena nacional – la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) – y de las entidades del Estado que han ubicado su erradicación como meta del Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018. ​Así mismo, han avanzado en la construcción de un Plan Nacional de Trabajo con acciones dirigidas a la erradicación de esta práctica. ​

Hoy el UNFPA, en asocio con el ICBF y las comunidades embera​, los gobiernos territoriales, organizaciones indígenas y secretarías de salud de Risaralda y Valle del Cauca, continúa fortaleciendo las capacidades de las parteras y del personal de salud en temas de salud sexual y reproductiva, prevención de violencias basadas en género y de la mutilación genital femenina. Este trabajo implica difundir los acuerdos para que se conozcan y cumplan, y trabajar con las organizaciones indígenas y los hacedores de política pública para erradicar definitivamente la mutilación genital femenina no solo en Risaralda y Valle del Cauca, sino en todas las comunidades del país.

Finalmente Colombia, que acoge los Objetivos de Desarrollo Sostenible, deberá desplegar más acciones con miras al cumplimiento de la meta del Objetivo N° 5 que insta a eliminar “todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina” para el 2030,  de manera que en el país ninguna niña tenga que volver a sufrir esta forma de violencia. 

Texto: Grace M. Torrente Fotos: Daniel Baldotto.

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