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“Trabajemos para lograr un mundo donde las mujeres y las niñas puedan vivir en libertad e igualdad. Para contrarrestar la misoginia y las desigualdades subyacentes que conducen a una cultura de impunidad para los perpetradores. Y esforcémonos en proporcionar atención centrada en la sobreviviente, porque es la herida más profunda, pero que no se ve”.

 Natalia Kanem, Directora Ejecutiva del UNFPA

Bogotá, junio 19 de 2020. Hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos; fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de la adopción de la Resolución 1820 de 2008, a través de la cual el Consejo de Seguridad declaró los actos de violencia sexual como un arma de guerra que se debe erradicar.

En Colombia, a junio de 2020, se han incluido en el Registro Único de Víctimas - RUV - 29.622 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, 91% de las cuales son mujeres y el 1,5% son personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

Problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza y los roles de género socialmente construidos han naturalizado la vulneración y apropiación del cuerpo, la salud y la autonomía de las mujeres, aumentando su vulnerabilidad y el riesgo a ser víctimas de violencia sexual. En el marco de los conflictos, la agresión a la integridad sexual de las mujeres se ha identificado como una práctica sistemática, habitual e invisible, perpetrada por grupos armados ilegales y agentes de la fuerza pública[1].

Las mujeres indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad socio económica, y están expuestas a doble riesgo de violencia y discriminación por su pertenecía étnica y por su género. Para ellas, la violencia sexual no solo se relaciona con el hecho de ser mujeres, sino con hacer parte de una población sobre la cual recaen estereotipos étnicos y socioeconómicos, que llevan a los perpetradores a situarlas en una posición inhumana.[2] 

En el marco del conflicto armado, por ejemplo, según análisis llevado a cabo por el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA - en el año 2020 con base en el RUV, del total de mujeres víctimas de delitos contra la integridad sexual, el 19,5% son mujeres con pertenencia étnica negra, afrocolombiana, raizal y palenquera; y el 5% son mujeres indígenas.

En este día, UNFPA llama la atención sobre la urgencia de implementar acciones con enfoque diferencial y centrado en personas sobrevivientes, que aseguren atención integral en salud, garantía de acceso a la justicia, protección a la integridad de las personas afectadas por este flagelo y reparación integral. La violencia sexual no es un problema de las víctimas, le concierne a toda la sociedad y no puede seguir impune, invisible y agravada por la indiferencia, el miedo, la incertidumbre y el dolor de las sobrevivientes.

¡Todas las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencias!

 

Contacto de prensa

Diego Muñoz

Asesor de Abogacía y Comunicaciones

Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA -

dmunoz@unfpa.org / 301 398 76 24

 

[1]Corte Constitucional; Auto 092 de 2008. Recuperado de: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2008/a092-08.htm.

[2] Centro Nacional de Memoria Histórica (2017). La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. CNMH, Bogotá