La igualdad entre hombres y mujeres es ante todo, un derecho humano. El empoderamiento de la mujer es también una herramienta indispensable para promover el desarrollo y reducir la pobreza.

El programa del UNFPA contribuye a mejorar la garantía, la protección y el restablecimiento de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente de mujeres y adolescentes. Para dicho propósito, el UNFPA trabaja para difundir y transversalizar los enfoques de género y de derechos en la gestión del Estado y en la labor de las organizaciones sociales.

Durante el 2013, buena parte de la acción del UNFPA se concentró en apoyar los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil en monitorear los resultados de la implementación de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en Colombia.

En este sentido, se fortalecieron las capacidades de 55 organizaciones de mujeres para trabajar de manera conjunta y articulada, a nivel nacional y territorial, tanto en el monitoreo y elaboración del “informe sombra” de la CEDAW, como en la generación de propuestas para la agenda de desarrollo mundial más allá del 2015. Se acompañó, además, la preparación y realización de la Cumbre Nacional de Mujeres por la Paz, un hito en el posicionamiento político de las mujeres, que generó la inclusión de dos de ellas en el equipo de negociadores del proceso de paz con las FARC en La Habana, Cuba. Finalmente, se fortalecieron las capacidades de 11 organizaciones de mujeres y jóvenes para incidir en política pública y promover los derechos y la igualdad de género: 3 a nivel nacional, 16 en Nariño y 4 en Meta.

Así mismo, con la Rama Judicial se adelantaron procesos de formación a funcionarios públicos sobre la convención de la CEDAW y sus recomendaciones para el país. A través de una estrategia de pedagogía jurídica que alcanzó un total de 1327 personas, sumando funcionarios judiciales y de otras entidades del Estado, 600 magistrados y jueces fueron capacitados en la comprensión y aplicación del principio de igualdad y no discriminación y en la tarea de emitir decisiones judiciales con perspectiva de género.

Fue puesto en marcha el Observatorio de Género de la Rama Judicial, de forma on-line,con el fin de organizar y visibilizar públicamente las decisiones de las altas corporaciones en materia de género.

Para medir el impacto del apoyo del UNFPA a la Rama Judicial durante los últimos 5 años, se elaboró un informe de sistematización y documentación del cambio en las sentencias judiciales, en cuanto a la inclusión de la perspectiva de género, con la colaboración de magistrados de las altas cortes, de los tribunales y jueces de todo el territorio.

Se desarrolló, también, un modelo de medición de la gestión de la calidad en la justiciacon enfoque de género, que constituye la base para la evaluación de desempeño de los jueces en esta materia y que es complementado por la “Política de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género”, dentro del Sistema de Gestión de Calidad (Acuerdo 9743 del 30 de octubre de 2012).

Para reducir la violencia basada en género, el UNFPA acompañó al Ministerio de Justicia en el desarrollo de los lineamientos técnicos para las Comisarías de Familia, encargadas de atender de manera integral las violencias de género y contra la mujer, y facilitó la aplicación del sistema de registro de casos de estas violencias (sistema GBVIMS) en 7 territorios afectados por el conflicto armado, en colaboración con ACNUR y el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Defensa Nacional, por su parte, elaboró el “Protocolo para la Fuerza Pública en prevención y respuesta a la violencia de género y sexual, especialmente la relacionada con el conflicto armado”, adaptado a estándares internacionales de derechos humanos.

La ONIC y el Consejo Nacional de Mujeres Indígenas lograron incluir en su agenda política los derechos y la justicia para las mujeres. Se cuenta ahora con un marco general de política indígena que aborda las prácticas nocivas para las mujeres y las niñas, expresado en varios instrumentos: el mandato nacional de la ONIC en el cual 15 pueblos emberas se comprometen a eliminar la mutilación genital femenina, y el Plan de Salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional para la protección de los pueblos indígenas en vía de extinción física y cultural.

A nivel comunitario, se realizaron talleres de capacitación a mujeres indígenas y lideresas, y se apoyó la formulación del Plan de Trabajo del Consejo Nacional de Mujeres. 150 de ellas llevaron sus voces y demandas a la Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas.

Finalmente, el ICBF avanzó en la incorporación institucional del enfoque sensitivo- cultural en el trabajo con comunidades indígenas, mediante el entrenamiento a sus funcionarios y el diseño de estrategias de posicionamiento del tema de la violencia de género y la mutilación genital femenina como prioridades programáticas y políticas.