Bogotá, Colombia. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), agencia líder de la coordinación a nivel global en violencias de género (VGB) en contextos de respuesta humanitaria, saluda la importante decisión de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de dar apertura al Macro-caso 11 para investigar los hechos de discriminación y VBG, violencia sexual y violencia reproductiva contra niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres en su diversidad y personas de diversas orientaciones sexuales y expresiones e identidades de género, en el contexto del conflicto armado colombiano previo al Acuerdo de Paz con las FARC-EP (2016).

Esta decisión resulta fundamental en el marco del reconocimiento a víctimas y sobrevivientes que, según datos del Registro Único de Víctimas, son más de 38,785, de las cuales el 91% son mujeres y el 2% pertenecen al colectivo LGBTIQ+. Se reconoce, además, la probable existencia de víctimas que aún no han sido identificadas o registradas.

En este contexto, la JEP establece que se cumplen criterios de gravedad, magnitud, el ejercicio de poder de los perpetradores, vulnerabilidad, entre otros; que llevan a priorizar tres sub-casos. Los sub-casos (i) y (ii) corresponden a las VBG contra personas civiles cometidas por miembros de las FARC-EP y las VBG contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública, respectivamente. Estos dos sub-casos consideran dos patrones de análisis: el primero, los crímenes motivados por las identidades de género u orientaciones sexuales diversas de las personas de la población civil, y el segundo, los crímenes motivados por el sexo de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres de la población civil. El sub-caso (iii) corresponde a las VBG atribuibles tanto a integrantes de las antiguas FARC-EP como a miembros de la Fuerza Pública que fueron cometidos contra sus propias/os compañeras/os, principalmente mujeres jóvenes entre los 18 y los 29 años. En este caso se identifican dos patrones de análisis: el primero, las VBG al interior de la fuerza pública y, el segundo, las VBG al interior de las antiguas FARC-EP.

Los relatos e informes que respaldan esta decisión de la JEP documentan múltiples formas de violencia, incluyendo desplazamientos forzados, desapariciones, asesinatos, amenazas, trabajos forzados, y violencia sexual y violencia reproductiva vinculadas con abortos forzados, anticoncepción forzada y negación del derecho a la maternidad.

Desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Colombia, nos congratulamos de la decisión de la JEP y subrayamos que la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a una vida libre de violencias son fundamentales en el marco de la protección de los derechos humanos. Celebramos, además, la incorporación de un enfoque diferencial e interseccional que reconoce la diversidad de las víctimas y los impactos específicos que el conflicto armado ha infligido en sus vidas y en sus cuerpos. Esta acción responde a las solicitudes de organizaciones de mujeres, personas LGBTIQ+ y organismos de control.

Estamos convencidos que este avance es esencial para la construcción de una paz duradera y justa, y expresamos todo nuestro apoyo para contribuir a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y sobrevivientes de estos hechos.