Bogotá, 6 de febrero de 2015. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) llama la atención sobre la necesidad de que se dediquen mayores esfuerzos para la erradicación de esta práctica en Colombia, el único país de América Latina y el Caribe donde se conoce su existencia.

La mutilación genital femenina (MGF) viola los derechos humanos, afecta la salud y pone en riesgo la vida de unos tres millones de niñas todos los años en el mundo. Más de 130 millones de niñas y mujeres de los 29 países de África y el Oriente Medio han experimentado alguna forma de mutilación en sus genitales. La práctica, que consiste en cortar parte de los genitales de las niñas, acarrea complicaciones urinarias, menstruales y obstétricas cuando la mujer tiene un posterior embarazo y parto – incluidas hemorragias e infecciones – y puede conducir a la muerte; además del daño emocional, que duran toda la vida.

Colombia: 6 años en proceso de erradicación de la mutilación genital.

Desde 2007, ante la denuncia de la Personería Municipal de Pueblo Rico por unos casos de mutilación genital femenina a niñas Embera que causaron su muerte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con las instancias competentes del Estado y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), han venido trabajando en conjunto con las autoridades Embera, sus mujeres y sus parteras en el departamento de Risaralda, para la erradicación de la práctica.

A raíz de esto, y bajo el acuerdo de que “la cultura debe generar vida y no muerte”, en el 2012 se logró la declaración pública de las autoridades indígenas Embera, a través del Consejo Regional Indígena de Risaralda – CRIR, de la suspensión de este tipo de prácticas, con el consecuente compromiso de trabajar en procesos de difusión interna de esta decisión, de formar a las mujeres para que conozcan sus derechos y los de sus hijas, y a las parteras para que renuncien a realizar la práctica, además de fortalecer la medicina tradicional y apoyar el liderazgo de las mujeres. Estos compromisos siguen vigentes. Sin embargo, la decisión de las comunidades Embera de Risaralda aún necesita ser incorporada en su totalidad por parteras y líderes, y no es extensiva al resto de los pueblos Embera del país; por tanto, se requiere que el país destine mayores recursos para fortalecer este compromiso y llegar a las más de 16 zonas donde se encuentran los Embera.

Sigue siendo un reto contar con un registro y documentación rigurosa de los casos, pues solo cuando las niñas son llevadas a una institución de salud estos casos pueden ser registrados.

En 102 pueblos indígenas  existentes en Colombia, la ONIC estima que las mujeres representan más del 50% de la población, que son particularmente afectadas por el conflicto interno y por otros tipos de violencias y discriminación reconocidos en el Auto 092 de la Corte Constitucional.

La mutilación genital femenina es una más de las violencias que viven las mujeres y las niñas indígenas, dentro de las cuales están la violencia sexual, el matrimonio temprano, el embarazo en niñas menores de 14 años, entre otras.

La ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) reconoce la existencia de varias prácticas que afectan la salud y la vida de las niñas y las mujeres en diferentes pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional (además de la mutilación, se realiza la pelazón, el encierro, entre otras), y desde su oficina de Familia, Mujer y Generación, han hecho una importante gestión para que la erradicación de la mutilación genital femenina sea incluida como prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

 Colombia, a cumplir compromisos internacionales.

Desde el 2013, el ”Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” viene expresando su preocupación por “la práctica de la mutilación genital femenina en algunas comunidades indígenas, incluida la comunidad Embera, así como la tolerancia frente a esta práctica por parte del Estado y su no prohibición por ley.” En ese sentido, el Comité recomienda que el Estado “realice esfuerzos conjuntos con las autoridades indígenas para eliminar la mutilación genital femenina, incluida la sensibilización sobre sus efectos perjudiciales para las niñas y las mujeres, garantice la aplicación de las decisiones adoptadas por el Consejo Regional de Risaralda con respecto a la práctica y prohíba la mutilación genital femenina en su legislación”.

A partir del marco normativo nacional e internacional vigente para el país sobre el tema, desde la Convención citada y la Convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres (de Belén do Pará), la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y el ICBF en asocio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), se han dado a la tarea de formular un plan nacional de trabajo orientado a la identificación, revisión y erradicación de prácticas que afectan la vida y la salud de las niñas y las mujeres indígenas