Desde el inicio de la pandemia surgió en el campo de los DSR la alerta frente a una posible afectación desproporcionada de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas como consecuencia de la crisis mundial generada por el COVID-19. Por un lado, en la mayoría de los países de LAC la pandemia llegó en medio de dificultades como fueron la alta segmentación de los servicios de salud, la centralización urbana de los recursos humanos y tecnológicos en salud y unos sistemas débiles de atención primaria y de vigilancia epidemiológica -a esto se suman las desigualdades y brechas en los indicadores de SSR entre distintos grupos de mujeres, explicadas por las diferencias en el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la zona de procedencia, entre otras—. Estas falencias determinan no solo una dificultad mayor para hacer frente a la pandemia sino a sus efectos colaterales, en especial, en torno a la salud de las mujeres y las niñas -entendidos estos como “dos grandes desafíos de forma paralela” (1)—. Esto constituye el estado basal subóptimo preexistente. Por otro lado, en el marco de otras crisis sanitarias como el SARS en 2002-2003, el MERS en 2012, el Ébola y el Zika en 2016 se observó un aumento de la mortalidad materna, los desenlaces perinatales adversos, los embarazos no deseados y, en general, demoras en la atención (2). A pesar de los años transcurridos desde que surgió esta evidencia, no se había hecho mucho en materia de preparación para el escenario de una epidemia similar para minimizar el impacto en la SSR; de ahí los anuncios sobre los impactos esperados del COVID sobre la SSR.