VILLAVICENCIO, Colombia – “Tenía 14 años cuando mi familia huyó”, comenta Viviana, de 26 años de edad. “Llegamos a una nueva ciudad donde pensábamos que podríamos vivir en paz, pero allí también había grupos armados.”

Viviana vive en el Departamento del Meta, ubicado en la parte centro oriental de Colombia y que ha sido testigo de repetidos ataques por parte de grupos paramilitares. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre 1985 y finales de 2013 resultaron desplazadas por los disturbios del país más de 2 millones de personas menores de 26 años.

El conflicto ha dejado una juventud con pocas perspectivas de futuro. La constante amenaza de violencia —incluida la violencia sexual y el reclutamiento forzado para las fuerzas armadas— ha perturbado en gran medida la vida cotidiana. Se han interrumpido los servicios públicos, incluidos los de salud, y las oportunidades de educación y empleo son muy limitadas.

Como muchos otros jóvenes, Viviana no tenía acceso a servicios o información en salud sexual y reproductiva. Tras el traslado de su familia, abandonó la escuela y empezó a trabajar.

“Me fui a vivir con mi novio cuando tenía 15 años. Quedé embarazada dos meses más tarde”, señaló.

Aún así, a Viviana le fue mejor que a la mayoría.

Cuando tenía 18 años, su padre la animó a unirse a un grupo local para jóvenes desplazados. Las actividades del grupo la llevaron a convertirse en líder comunitaria. En la ciudad de Villavicencio, Viviana ayudó a organizar la Mesa Redonda de Juventud del Departamento, un grupo de 5,000 jóvenes procedentes de 29 municipios, cuyo propósito es el de abogar por los jóvenes que viven en situación de marginalidad.

Recientemente, el grupo redactó la primera política de juventud de la historia del Departamento, la cual promete mejorar la calidad de vida de la juventud afectada por el conflicto.

Propiciando el Cambio

La Mesa Redonda de Juventud emprendió numerosas consultas con sus miembros —entre los que figuran jóvenes de zonas rurales y urbanas, miembros de comunidades indígenas, jóvenes desplazados y otros grupos marginados— para identificar las necesidades y proponer soluciones.

La Mesa Redonda también trabajó en estrecha colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Desde 2008, el UNFPA ha prestado apoyo al grupo a través de formación en políticas públicas, derechos humanos y salud sexual y reproductiva. El UNFPA también proporcionó al grupo asesoramiento técnico y financiamiento para actividades clave de incidencia política, además de facilitar el diálogo directo entre jóvenes líderes e instituciones gubernamentales.

Como resultado de estas iniciativas, el Consejo Departamental de Juventud del Meta aprobó recientemente la Política de Juventud.

La política garantiza los derechos de la juventud y promueve su desarrollo, educación y acceso a los medios de vida. También se crea el Programa de Gestión de Juventud, un fondo de fomento que otorga becas y mejores oportunidades para los jóvenes en situaciones vulnerables. La política también facilita una mayor cobertura de la educación sexual y reproductiva integral en las escuelas.

Un Camino hacia la Paz

“Hemos creado una estructura de gestión que permita cuidar de nuestra población joven”, declaró Alan Jara, gobernador del Meta. Jara conoce muy bien los costos de la violencia —él mismo fue secuestrado y retenido durante nueve años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

“La política ofrece a la juventud la esperanza de un futuro mejor”, añadió. “Contamos con mecanismos que les permiten recibir formación, convertirse en emprendedores, tener acceso a educación técnica, superior y especializada.”

Por su parte, Viviana afirma que un mayor acceso a información sobre salud sexual y reproductiva podrá ayudar a los jóvenes a tomar mejores decisiones.

“El Estado debe invertir y llegar a los jóvenes con información para que no tengamos la necesidad de tomar decisiones importantes sin conocer nuestro propio cuerpo o cómo hacer que nuestros sueños y proyectos se hagan realidad”, afirmó.

Viviana, que se recibirá este año de abogada, señala que invertir en la juventud es la clave para acabar con la violencia y promover la paz.

“Creo en una paz construida a partir de escuchar a la juventud, en una paz que satisfaga las necesidades de una franja de la población que constituye la piedra angular de la sociedad”, señaló.

Jara concuerda: “La paz se construye facilitando oportunidades viables para que se cumplan los sueños y expectativas de las personas, en particular los de la juventud.”