Zainab Hawa Bangura, durante rueda de prensa en Bogotá. Fotografía Andrés Bernal/PNUD Colombia

Hoy concluyo una visita de cuatro días a Colombia, mi primera al país. He venido por invitación del gobierno y me gustaría agradecer a las autoridades colombianas por el espíritu constructivo en el que esta visita se ha conducido.

Mis propósitos principales han sido entender mejor las circunstancias de la violencia sexual relacionada con el conflicto armado interno en Colombia, conocer el progreso significativo que se ha hecho durante los últimos años para prevenir y responder a este devastador crimen y entender los desafíos  remanentes.

Claramente, algunas de las iniciativas que se han desarrollado para hacer frente a la violencia sexual en Colombia representan importantes innovaciones, entre las que se encuentran, la adopción de legislaciones pioneras como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1448 de 2011, así como la Ley 1719 de 2014 que representa un parteaguas para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violencia sexual y que identifica la violencia sexual como un “crimen contra la humanidad”. Además de lo anterior, escuché sobre el programa de reparación para víctimas de violencia sexual, que es una iniciativa única y expresión del compromiso y voluntad  fundamentales del Estado Colombiano para cuidar de las y los sobrevivientes. En mi reunión con el Ministro de Defensa y el Jefe de las Fuerzas Militares, destacaron los desarrollos significativos en las políticas y lineamientos sobre violencia sexual para las fuerzas armadas. Las Naciones Unidas esperamos continuar con la colaboración con las fuerzas militares y la policía para asegurar la implementación práctica de estas políticas.

 Estos esfuerzos pueden ser una fuente de inspiración para la región y el mundo entero. Una de las prioridades estratégicas de mi mandato es impulsar el intercambio de experiencias entre regiones y entre países, y Colombia puede desempeñar un rol central en este sentido, en relación con la voluntad política y determinación del Presidente Santos y las aspiraciones del gobierno para erradicar la violencia sexual, así como la esperada implementación práctica de leyes y políticas en los territorios.

Sin embargo, se requiere todavía invertir esfuerzos para superar el problema. El principal desafío es ahora convertir esta clara resolución en soluciones tangibles para las comunidades donde este crimen continúa ocurriendo – protección para las mujeres y niñas pobres y sin educación que son especialmente vulnerables; para las y los miembros de minorías étnicas y de otros órdenes; para las y los líderes de la sociedad civil y para las y los defensores de derechos humanos que están entre aquellos que representan un blanco fácil. Existe una correlación directa entre la pobreza, el acceso a la justicia y la violencia sexual y otras violaciones más amplias de derechos humanos.

Tuve la oportunidad de visitar Quibdó en el departamento del Chocó. Allí me encontré con un microcosmos de la sociedad colombiana en su remarcable diversidad cultural y étnica – Afrocolombianos y Afrocolombianas, comunidades indígenas y mestizos conviviendo juntos. Pero todas las mujeres y las niñas tenían un mensaje común y resonante: quieren que los crímenes de violencia sexual que han sido cometidos contra ellas sean reconocidos por todas las partes involucradas en el conflicto y quieren que los perpetradores garanticen que la violencia sexual no se repetirá más.

Todas las partes del conflicto deben hacer de este compromiso un primer paso vital hacia la paz y la reconciliación. Pero las reformas cruciales institucionales, incluidas en el poder judicial, también deberán asegurar medidas de no repetición, así como que exista presencia de instituciones estatales en las áreas más alejadas.

También ví en Chocó que cada comunidad tiene sus propios miedos y desafíos y que estas perspectivas diversas deben ser tomadas en consideración en el proceso de paz que se desarrolla en La Habana, Cuba.

El proceso de paz de La Habana ha puesto en marcha un importante mecanismo para asegurar una perspectiva de género. Exhorto tanto al gobierno, como a las FARC-EP, a asegurar que el proceso de paz en desarrollo, así como el eventual acuerdo de paz, aborden de manera explícita los asuntos de género y violencia sexual en el marco del conflicto. Al mismo tiempo, es crucial que otros grupos armados también se comprometan a la paz, la ley y el orden. El proceso de paz debe incluir, en última instancia, todas las partes del conflicto.

Las mujeres y niñas que han experimentado violencia sexual también me dijeron que para ser capaces de sobreponerse a los estragos vividos y recuperar su dignidad, deben tener oportunidades de emprendimiento y medios de subsistencia para ellas y sus familias. Esto debe ser una prioridad central de cualquier estrategia de reducción de la pobreza y de desarrollo que se promuevan. Las discusiones actuales de construcción de paz y reconstrucción en un escenario de post-conflicto deberían continuar incluyendo como elementos centrales y desde el inicio, tanto la perspectiva de género, como consideraciones relacionadas con la violencia sexual, y no dejarlas para después.

En el Chocó me afligió escuchar los claros vínculos entre los grupos armados, la minería ilegal, el narco-tráfico y la violencia sexual. La violencia sexual que está ocurriendo en Chocó debe ser entendida en el contexto del conflicto y abordarse como tal.

Escuché también sobre niñas entre 12 y 15 años que han sido forzadas por miembros de grupos armados no estatales para fungir como trabajadoras sexuales en áreas mineras; a ellas se las refiere con frecuencia como “paquetes” al servicio de las operaciones mineras que han sido reemplazadas por “nuevos paquetes” cuando son “demasiado usadas” o están “demasiado enfermas”.

Me preocupa de forma extrema el asunto silencioso sobre los niños y niñas que nacen de una violación. Después de décadas de conflicto en Colombia hay varias generaciones de estos niños, niñas y adultos. Cuáles son los desafíos particulares que ellos y ellas enfrentan? Cuáles son sus necesidades psicosociales y qué otros tipos de apoyos requieren? Infortunadamente, esto representa una brecha significativa en nuestro entendimiento que dificulta nuestra respuesta.

En mi reunión con niñas desmovilizadas escuché que, entre sus motivaciones para vincularse a los grupos armados se encuentra la discriminación y el abuso sexual en sus comunidades o sus casas. Esto también deberá ser considerado en términos de su reintegración. También escuché sobre violencia sexual que ocurre dentro de los grupos armados. Debemos entender que lo anterior para poder asegurar que estas niñas y mujeres reciban el cuidado psicosocial y otros cuidados que necesiten.

De mis reuniones con instituciones, funcionarios y funcionarias relevantes del gobierno y del poder Judicial, es claro que existe voluntad y capacidad para procesar crímenes de violencia sexual. Pero las barreras que tienen las y los sobrevivientes para reportar y acceder a la justicia son significativos. Ello ha resultado en una situación de sub-registro de crímenes de violencia sexual. La creación de ambientes protectores necesarios para que las y los sobrevivientes salgan adelante debe ser una prioridad y el estigma de la violencia sexual debe ser re-direccionado de las víctimas a los perpetradores. Sobre todo, la cultura de falta de investigación por actos violencia sexual debería romperse si queremos revertir la tendencia.

Hay una pregunta que hice a las comunidades en el Chocó: están listas para aceptar a las personas jóvenes de los grupos armados de vuelta en sus comunidades? Y están listas estas personas jóvenes para retornar a sus comunidades? Y la respuesta a ambas preguntas fue NO! las comunidades albergan miedos genuinos sobre la reintegración de las y los excombatientes y los miembros desmovilizados de grupos armados con quienes me reuní tienen preocupaciones genuinas sobre ser reintegrados en la pobreza y la destitución.

Creo que el proyecto de reconciliación no puede empezar después de que el acuerdo de paz se alcance. Debe ser una prioridad inmediata y requiere de inversión en las comunidades. Esto es lo que asegurará, en última instancia, una paz duradera.

Los esfuerzos sostenidos y valientes de las organizaciones de la sociedad civil han sido críticos para asegurar la creciente visibilidad de la violencia sexual en Colombia. Sin embargo, de mis conversaciones con sobrevivientes de diferentes partes del país es evidente que una cultura profunda de silencio y negación todavía existe. Las y los miembros de la Corte Colombiana Constitucional con quienes me reuní se refirieron a los actos de violencia sexual como crímenes “inconfesables”; citaron el ejemplo de un famoso paramilitar que confesó el asesinato de más de 200 personas; pero cuando le preguntaron si había violado mujeres, guardó silencio. Romper el silencio sobre la violencia sexual en Colombia debe ser un esfuerzo consciente y representa un paso crítico hacia delante para erradicar este flagelo.

Mi visita me ha dado un entendimiento de la complejidad de la situación colombiana y de los desafíos significativos para abordar la violencia sexual. Reitero la solidaridad y apoyo de las Naciones Unidas para ayudar al gobierno y al pueblo colombiano a superar este problema. Dejo el país con un sentido fuerte de esperanza por la voluntad y capacidad del gobierno, así como la profundidad e intensidad remarcable de la sociedad civil colombiana.

Tengo esperanza en que la confianza construida con esta visita podrá producir acuerdos en áreas críticas de cooperación entre las autoridades nacionales y las Naciones Unidas. El Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, así como mi oficina esperamos dar seguimiento a algunos de los asuntos que han sido destacados y poder ayudar, tanto al gobierno, como a todas las contrapartes relevantes a hacer una diferencia tangible en las vidas de las mujeres, niñas, niños y hombres más vulnerables.