• La pandemia por COVID-19 aumentó las muertes maternas prevenibles en el país.
• Mes de la Madre, una época para resaltar la importancia de garantizar Derechos Sexuales y Reproductivos a las mujeres.

Bogotá, mayo 27 de 2021. Según reportes del Instituto Nacional de Salud - INS -, en Colombia durante el 2020 se produjeron 409^[1] muertes maternas tempranas, es decir, ocurridas durante el embarazo, parto y hasta los 42 días de terminada la gestación; 100 muertes más que las proyectadas para el mencionado año. Una cifra alarmante teniendo en cuenta que la mayoría de estas muertes son prevenibles. La pandemia causó efectos considerables en la salud materna, no solo por la limitación de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, sino también, porque las mujeres dejaron de acudir a estos servicios por miedo a contraer el COVID-19, o por las restricciones del confinamiento.

Para el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA -, el mes de la Madre es una época para resaltar la importancia de garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos, especialmente, el derecho a acceder a servicios integrales en salud sexual y reproductiva - SSR -, para asegurar el ejercicio de una maternidad segura y contribuir a la materialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los progresos para alcanzar la meta de reducción de muertes maternas tuvieron un retroceso en 2020 a causa del COVID-19. Durante el primer año de pandemia, se demostró de manera sistemática en varios países un incremento en las complicaciones durante el embarazo, relacionadas con estrés materno, muerte materna y muerte fetal, especialmente, en países de nivel de ingreso medio y bajo. Se estima que este incremento en efectos adversos durante la gestación, parto y postparto pueden estar relacionados con la agudización de las barreras de acceso a servicios integrales en SSR, y en particular, al control prenatal^[2].

La mayoría de estas muertes maternas son prevenibles, no obstante, son el resultado de vulneraciones de derechos, no solo en la atención a la gestante, sino en la prevención de los embarazos no planeados. Estas vulneraciones se expresan en la falta de garantías para la toma de decisiones de manera informada y autónoma, la falta de acceso a la educación integral para la sexualidad y a métodos de anticoncepción modernos, así como a servicios integrales y de calidad en salud sexual y reproductiva.

Durante 2021 UNFPA continuará trabajando de la mano con las instituciones y la sociedad civil para fortalecer capacidades que ayuden a cerrar las brechas de acceso a información y servicios de SSR, las cuales se incrementan en las poblaciones más vulneradas: personas en áreas rurales, con altos niveles de pobreza y rezago socioeconómico, que pertenecen a grupos étnicos diversos, población con discapacidad, migrantes, gestantes y mujeres en contextos de conflicto armado, con orientaciones sexuales e identidad de género diversas.

En este contexto, UNFPA comparte algunas recomendaciones para prevenir la mortalidad materna y neonatal:

• Mantener la continuidad de los servicios de salud materna, salud sexual y reproductiva, incrementando los esfuerzos para reducir al máximo las barreras de acceso agudizadas por la pandemia, que incluyen la detección temprana de gestantes y su canalización oportuna a los servicios de salud, así como, intervenciones extramurales, domiciliarias o remotas[3].
• Asegurar que se respeten las decisiones y derechos de mujeres y niñas a la salud reproductiva, incluido el acceso a anticonceptivos, anticoncepción de emergencia e Interrupción Voluntaria del Embarazo - IVE -, sin riesgos, dentro de los límites permitidos por la Sentencia C-355, y la atención posterior.
• Asegurar que en aquellos contextos donde los recursos médicos sean limitados, se mantenga el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, con particular atención a las mujeres embarazadas, poblaciones más vulnerables, personas con discapacidad, quienes viven con VIH, pertenecen a grupos indígenas y aquellas en situación de pobreza.
• Asegurar que las mujeres embarazadas con casos sospechosos, probables o confirmados de COVID-19, incluidas aquellas que pueden necesitar pasar tiempo en aislamiento, tengan acceso a atención calificada y respetuosa centrada en la mujer, incluidas pruebas de detección obstétricas y maternas, medicina fetal, atención neonatal, apoyo en salud mental y psicosocial con la capacidad para atender complicaciones maternas y neonatales.
• Tener siempre en cuenta la evidencia: una inversión adecuada en la formación profesional de obstétricas[4] /enfermeras obstétricas, podría prevenir hasta un 67% de las muertes maternas, perinatales y neonatales.^[5]-^[6]

Todas las personas tienen derecho a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad para vivir una maternidad segura y saludable.