Comunicado 

28 de septiembre - Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro

 Bogotá D.C., septiembre 28 de 2022. El 21 de febrero de este año, a través de la Sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el aborto cuando se realice antes de la semana 24 de gestación; además, se mantienen las tres (3) causales despenalizadas en 2006 sin límite de tiempo de gestación: I) peligro para la salud o la vida de la mujer; II) grave malformación del feto que haga inviable su vida; III) cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o inseminación no consentida[1].

Esta decisión permite que Colombia avance en el cumplimiento de acuerdos y recomendaciones internacionales sobre acceso al aborto seguro[2]. Según el Derecho Internacional, el derecho al aborto está íntimamente ligado a la protección de los derechos de la mujer, incluyendo el derecho a la vida, a la autonomía, a la dignidad, a la no discriminación y a una vida libre de tortura y tratos crueles y degradantes. En particular, permite garantizar los derechos reproductivos al contribuir a la posibilidad de decidir libremente si tener hijos/as o no, el número de hijos/as que desean tener, y el intervalo de tiempo entre los nacimientos.

El acceso al aborto es un elemento fundamental de la salud sexual y reproductiva. Los abortos seguros, realizados por personal capacitado, en condiciones de seguridad técnica y sanitaria, y con métodos adecuados son procedimientos obstétricos de bajo riesgo. Por el contrario, los abortos inseguros son una de las causas más importantes de mortalidad y morbilidad materna, con impactos a corto y largo plazo, incluyendo: hemorragias, peritonitis, infecciones en el aparato reproductor e infertilidad[3]. Hay evidencia a nivel global de que la penalización del aborto no previene ni reduce el número de abortos que se practican, solo genera que el acceso sea en condiciones más riesgosa para las mujeres y personas gestantes. La despenalización también aumenta las posibilidades de que las personas busquen ayuda médica cuando tienen complicaciones por este procedimiento. La penalización aumenta la probabilidad de que las personas que buscan apoyo por abortos incompletos o complicaciones post-aborto puedan ser sujetas a negación de  servicios, tratos degradantes o criminalización[4].

Colombia debe seguir trabajando en la plena implementación de la Sentencia C-055 para que las personas tengan acceso a abortos seguros, sobre todo aquellas personas en condiciones de vulnerabilidad que tienen mayores dificultades para acceder a estos servicios, como son las mujeres que habitan en la ruralidad, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, migrantes, entre otras. Así mismo, se debe trabajar en la eliminación de barreras actitudinales, institucionales, de información y otra índole que impiden el acceso al aborto en condiciones dignas y seguras.

En el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA –, reconocemos los avances liderados por organizaciones de sociedad civil para el logro de los derechos sexuales y reproductivos de la población, y en particular aquellos que buscan asegurar la capacidad de mujeres, adolescentes, niñas y otras personas gestantes, a construir y lograr su plan de vida. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso para el acceso al aborto seguro como una parte integral de los servicios de salud sexual y reproductiva, bajo los estándares establecidos en el marco legal colombiano, y seguiremos acompañando a las organizaciones de sociedad civil del orden nacional y territorial en ejercicios de prevención y de exigibilidad del derecho; y a las instituciones en las estrategias orientadas a su garantía.

En este sentido, acompañaremos al Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en los desarrollos técnicos necesarios a fin de implementar la sentencia C-055 de 2022, teniendo en cuenta también la evidencia que relaciona la importancia de garantizar abortos seguros para apoyar la reducción de la mortalidad materna y la fecundidad no planeada, forzada  especialmente de niñas y adolescentes. Esta política constituye un paso importante en la eliminación de las barreras de acceso al aborto que persisten en Colombia, las cuales generan impactos importantes en la vida y la salud de las niñas, adolescentes, mujeres y las personas gestantes, especialmente aquellas en situación de particular vulnerabilidad[5].