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El arribo de venezolanos y colombianos que habían vivido por décadas en Venezuela, el creciente accionar de los grupos armados, la situación social, política y económica, han incrementado en los últimos meses la crisis humanitaria que se vive en las zonas fronterizas entre Colombia y Venezuela; las necesidades de protección, salud y acceso a servicios básicos son cada vez más relevantes y urgentes, pues el desconocimiento de la magnitud de esta situación y la limitada respuesta institucional afecta directamente a miles de personas.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas –UNFPA- como parte del clúster de salud, integrado por instituciones del gobierno nacional, organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional y agencias del sistema de Naciones Unidas, lidera las acciones para facilitar el acceso a la salud y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en las situaciones de crisis humanitarias. En este sentido UNFPA apoyará la respuesta del país a través del proyecto "Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos para Mujeres y Jóvenes en Situación de Migración en la Frontera Colombo-venezolana", con recursos del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF). 

El objetivo es poner en marcha las transformaciones necesarias para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población migrante de los municipios de Cúcuta (Norte de Santander) y Maicao (La Guajira).

¿En qué consiste el proyecto?

En los municipios priorizados Cúcuta (Norte de Santander) y Maicao (La Guajira) , el UNFPA busca aportar al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones públicas de salud para atender a las necesidades insatisfechas de anticonceptivos calculadas en un promedio de 8% [1], esto sin considerar la mayor demanda por el incremento de la población migrante y en general por la situación de crisis humanitaria. Igualmente, para que se brinde una respuesta adecuada y oportuna a la demanda de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de acuerdo a los tres casos reconocidos por la Corte Constitucional [2], y para que se brinde atención integral en salud a las víctimas de violencia sexual. 

De igual manera, UNFPA se propone fortalecer las capacidades de la población con el fin de generar prácticas para espaciar los embarazos, prevenir los no planificados y reducir los abortos inseguros. La práctica de abortos en condiciones seguras y la atención oportuna a las personas víctimas de violencia sexual -antes de las 72 horas- disminuyen la probabilidad de muerte de mujeres asociadas con estas causas.  Finalmente, posibilitará el acceso a condiciones dignas para el autocuidado de mujeres, jóvenes y adolescentes de ambos sexos, mediante la entrega de kits “dignidad”.

Para alcanzar estos objetivos, el componente institucional del proyecto fortalecerá las capacidades de las Empresas Sociales del Estado -ESE- de Cúcuta y Maicao, mediante la entrega de insumos y asistencia técnica a los profesionales, para la atención integral en anticoncepción, violencia sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).  En el componente comunitario se entregarán kits dignidad para el autocuidado personal, material educativo y se realizarán acciones comunicativas con las mujeres, los y las adolescentes para promover el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos y la exigibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva.

Para un mejor reconocimiento del contexto y desarrollo del proceso, se vincularán 11 jóvenes, líderes colombianos y venezolanos pertenecientes a barrios de 4 comunas de Cúcuta, como voluntarios comunitarios de Naciones Unidas, quienes ejecutarán acciones de información y comunicación mediante una estrategia de pares en derechos sexuales y reproductivos, derechos de las víctimas de violencia sexual, rutas de Atención y violencias de género, especialmente violencia sexual.

El proyecto que se ejecutará en el segundo semestre de este año, busca cubrir 5.511 personas, de las cuales 2.248 son mujeres en edad reproductiva y tendrán acceso a métodos anticonceptivos de larga duración y/o de emergencia según sus necesidades; de igual manera se realizará atención integral en Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a 313 mujeres que lo requieran. Finalmente se hará entrega de KITs de autocuidado personal y/o material educativo a 2.950 mujeres adolescentes y jóvenes.

Nuestro propósito es seguir ampliando la disponibilidad de la información, la accesibilidad a los servicios de salud sexual y reproductiva y al fortalecimiento al ejercicio pleno de los derechos sexuales y derechos reproductivos, promoviendo respuestas humanitarias  inmediatas y de calidad, acorde con las necesidades de la población, contribuyendo de esta manera a reducir la pérdida de vidas asociadas con la salud sexual y reproductiva, prioritariamente de las mujeres.  
 


[1] Fuente ENDS 2015
[2] La Sentencia C355 de 2006 emitida por la Corte constitucional colombiana, reconoce tres causales para la IVE: Cuando el embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y/o en caso que el embarazo sea resultado de un abuso sexual